paz en la naturaleza

 Son demasiadas las zonas del país en las que la explotación de bienes naturales a gran escala como el carbón, el oro y el petróleo, o los monocultivos de palma de aceite, no se ha traducido en una mejora de la calidad de vida de las comunidades, ni en el fortalecimiento de las economías locales. Al contrario, estas actividades han dado lugar a un importante deterioro ecológico que en muchos casos viene acompañado de despojo.

Para lograr una paz estable y duradera, el ambiente debe ser entendido como las interacciones entre las sociedades humanas y los ecosistemas -o naturaleza no humana-. Se debe reconocer el valor de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la identidad de las comunidades y al mismo tiempo, de los elementos naturales irrenunciables, como el agua y el mantenimiento de la funcionalidad ecosistémica, entre otros. Sin justicia ambiental ninguna sociedad humana alcanzará estándares de bienestar que permitan superar la desigualdad y la exclusión.

Gran parte de las interpretaciones de las causas del conflicto interno, sostienen que la inequidad en el acceso a la tierra y las posibilidades que ésta proporciona, fue uno de los motores fundamentales del mismo. Es claro, además, que la naturaleza no humana ha venido participando del conflicto no solamente como escenario de la disputa violenta, sino también como refugio, y como recurso que ha sido explotado de una u otra manera por los grupos armados al margen de la ley, para sufragar sus gastos.

Se puede decir entonces que históricamente el ambiente ha sido una víctima invisibilizada del conflicto, pues ha sufrido daños directos e indirectos por parte de todos los actores del conflicto. Los bombardeos, las fumigaciones, los atentados y las economías ilegales, han traído como consecuencia contaminación, deforestación, fragmentación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

Este panorama muestra una relación ineludible entre conflicto armado y conflicto ambiental, que ha dejado graves consecuencias en las poblaciones atravesadas por la guerra, que tal y como lo identificó el Centro de Memoria Histórica, llevó a que en 2011 el 87% de los desplazamientos ocurriese en municipios mineros o petroleros.

Hoy existe además una fuerte persecución a líderes que participan del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que no cuenta con cifras oficiales, lo cual muestra una capacidad limitada del gobierno para ofrecer garantías y hacer seguimiento a esta situación, mientras en los reportes de la Defensoría del Pueblo, varias ONG y de las organizaciones sociales, es claro que se han presentado amenazas, asesinatos y otro tipo de agresiones a lo largo y ancho del país, a pesar de existir más de 50 acuerdos firmados en 14 departamentos.